Fuente: diariolibre.com
En el país la tradición ha sido, no sólo que el partido que gana las elecciones considera que los cargos del Ministerio Público (MP) le pertenecen, sino que muchos de los que acceden, aún lo hagan por concurso, sienten que su lealtad no está con la sociedad y con la ley sino con el gobierno que los nombró.
La ley que creó el estatuto del MP no resolvió el problema porque mantuvo inalterable el hecho de que quien finalmente nombra a todo el MP es el Poder Ejecutivo.
En la práctica, los gobiernos tratan a los miembros del MP como funcionarios sometidos a sus intereses partidarios y políticos y en esa virtud les trazan pautas que muchos asumen, aunque por justicia hay que decir que no todos.
De modo concreto la influencia política se traduce de múltiples maneras en las decisiones que adopta el MP respecto de un imputado o una víctima en asuntos como:
a) investigar o no una denuncia o querella;
b) la calificación que se le de al hecho punible;
c) disponer o no el archivo del caso;
d) la medida de coerción que se proponga al Juez de la Instrucción;
e) la adopción o no de un criterio de oportunidad u otra medida alternativa;
e) la reunión eficiente o no de los medios de prueba para darle sustancia al juicio;
f) el contenido del dictamen en el juicio;
g) la decisión de apelar o interponer cualquier otro medio de impugnación.
En los casos de corrupción es donde se hace más palpable la influencia del Poder Ejecutivo en la labor del MP. Es raro que el MP abra expedientes contra compañeros del partido que se encuentre en el gobierno sobre todo si estos tienen altas jerarquías como ministros, senadores o diputados o síndicos. Así mismo, la persecución de la corrupción de los funcionarios del partido contrario normalmente se utiliza como un arma de chantaje y de presión política.
El MP durante años ha evadido asumir con responsabilidad sus competencias en materia de corrupción.
Tradicionalmente el MP ignora las denuncias de los ciudadanos pretendiendo que éstos presenten formal querella, a sabiendas de que el rumor público o una investigación periodística bien fundada pueden ser suficientes para que el MP inicie la investigación.
También es frecuente que el MP le pida a los ciudadanos que le aporten las pruebas de la corrupción aun sabiendo que es a ellos que le corresponde hacer la investigación, reunir las pruebas, hacer las persecuciones, presentar acusación y emplearse en el juicio para alcanzar la condena del corrupto y la restitución de lo robado del patrimonio público.
El extremo de la irresponsabilidad del MP parece no tener límites.
Recientemente fuimos testigos de cómo la Procuradora Fiscal del DN, apoderada de una querella, avalada en abundante pruebas, ha creado una nueva excusa para el MP: Que en el país no hay legislación para perseguir ni castigar la corrupción.
Pero el colmo correspondió al Procurador General de la República quien desistió de una denuncia de corrupción contra su jefe político por medio de una nota de prensa en la que exponía el agradecimiento y admiración que sentía por el imputado, acusado de graves actos de corrupción.
El MP en la República Dominicana, simplemente es un órgano atrofiado.
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