La seguridad ciudadana es también responsabilidad de los gobiernos locales

La sociedad dominicana es víctima del surgimiento de nuevas modalidades del crimen organizado que, como el sicariato, siembran la intranquilidad y el desasosiego en las familias.

La saña con que se cometen muchos de los crímenes hace pensar que quienes así actúan no tienen el menor pudor y respeto por la vida de las personas, utilizando métodos que parecen ser extraídos de los filmes de mayor violencia. Estos crímenes son cometidos en cualquier rincón del país y afectan a personas de diversos estratos sociales y con naturaleza distinta.

Junto a ello se experimenta un incremento en la comisión de robos, atracos y todo tipo de violencia, lo que pone de relieve el clima de inseguridad en que vivimos los dominicanos y dominicanas.

Y, aunque las autoridades responsables de la seguridad ciudadana afirman que se trata de simple percepción, lo cierto es que las estadísticas y los últimos hechos acaecidos en el país nos dicen que se trata de pura realidad.

En ese contexto es correcto afirmar que ha fracasado el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana puesto en marcha por gobierno y que involucra a diversas instancias públicas, incluida la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas, el Ministerio de Interior y Policía y el Ministerio Público.

En tal circunstancia es necesario que los planes de seguridad ciudadana tomen en cuenta e involucren de forma proactiva a los gobiernos locales para que los mismos pongan en marcha políticas públicas destinadas a preservar el respeto, la integridad y los bienes de las personas.

Los gobiernos locales están llamados a poner en marcha planes municipales de seguridad ciudadana elaborados a partir de un diagnóstico de la situación de seguridad, incluyendo victimización y percepción ciudadana de la inseguridad.

La Ley del Distrito Nacional y los Municipios consigna que dentro de las competencias coordinadas o delegadas que podrán ejercer los ayuntamientos figuran la coordinación, gestión y financiación de la seguridad ciudadana y mantenimiento del orden público. También la coordinación en la gestión de la prestación y financiación de los servicios sociales y la lucha contra la pobreza, dirigido a los grupos socialmente vulnerables.

La seguridad ciudadana es un compromiso de todos y todas, por lo que para la formulación y seguimiento de los planes municipales de seguridad ciudadana se debe contar con la participación activa de la ciudadanía, pues al fin de cuenta es hacia ella que están dirigidas las políticas públicas.

Los y las munícipes tienen el derecho de vivir en una sociedad libre de violencia y del robo de los bienes personales y públicos.

Alfredo Matías
13 de mayo del 2014.