GUERRA RESTAURACION Y CULTURA DOMINICANA

historiadominicana.com.do Por: Alejandro Paulino Ramos Al momento de producirse la anexión de la República Dominicana a la imperial España, nuestro país estaba arropado por el atraso económico, las amenazas permanentes de las invasiones haitianas, el interés de sectores estadounidenses en apropiarse de áreas territoriales dominicanas y la propia necesidad de España en preservar y si era posible aumentar la posesión y control de los territorios de habla hispana en la región del Caribe; territorios amenazados por la expansión de otras potencias. Con una población que rondaba los doscientos cincuenta mil habitantes y una economía precapitalista que no superaba la ganadería maltratada por un exiguo mercado, la exportación de madera preciosa a Inglaterra y la venta de tabaco a los alemanes, así como un limitado intercambio comercial con Francia y con los Estados Unidos, el país parecía que nunca alcanzaría la senda del progreso. De hecho, la República de 1861 se parecía mucho a una coalición donde coexistían tres países, con intereses y liderazgos desarticulados y enfrentados uno a otros: por un lado la región Este con el hato ganadero y Pedro Santana; por el otro lado la región Sur con el corte de Madera y Buenaventura Báez, y por último el Cibao con la producción de tabaco y un liderazgo liberal que podríamos considerar como colectivo. “Esta pobre economía de exportación de productos agrícolas cultivados con técnicas arcaicas y en muy reducidos terrenos, hacía el país presentase un aspecto misérrimo” (Jaime de Jesús Domínguez, la Anexión de la República Dominicana a España, p.10). La República de la que le hablo estaba gobernada por el General Pedro Santana, temeroso de la invasión haitiana y a la vez enfrentado con los lideres baecistas y cibaeños, a quienes había encarcelados y expatriados. La conservación del poder en manos del grupo que gobernaba pasaba por las negociaciones de un protectorado que muy pronto y en secreto, terminó en la anexión y la perdida de la soberanía conquistada en 1844. Para esa anexión, el grupo que la negociaba propuso a España las siguientes condiciones: El no establecimiento de la esclavitud, la consideración de la República como Provincia de Ultramar de España, la amortización del papel moneda para que el dinero que circulaba antes de la anexión conservara su validez, el reconocimiento de los actos jurídicos de la República y la utilización de los servicios de los santanitas en los puestos públicos. El historiador Jaime de Jesús Domínguez, un especialista en el tema de la Anexión a España, plantea en su obra La Anexión de la República Dominicana a España, que más por interés que por sentimiento, Pedro Santana hizo la anexión movido por su hispanismo, y que la justificaba porque el pueblo dominicano era de “raza hispánica”, blanca, descendiente de españoles, por oposición a los vecinos haitianos que eran negros y descendientes de africanos. Además propaló la idea de que la presencia española traería paz y se pondría fin a las invasiones haitianas y las guerras civiles. Por su parte, los españoles esperaban obtener como parte de la aplicación del tratado de anexión, la adquisición del que fue su antiguo territorio hasta 1821, la utilización de la bahía de Samaná como punto estratégico en la región del Caribe, el control de los yacimientos minerales del país, en especial los de plata y oro, la posibilidad de incentivar la producción de algodón y la colonización y aumento de la riqueza en general, así como extender y consolidar su influencia en la región del Caribe. Inmediatamente se proclamó la anexión de la República Dominicana, el 18 de marzo de 1861, comenzaron a llegar los batallones de soldados traídos desde las islas de Puerto Rico y Cuba y de inmediato comenzaron a tomar el control de los puntos estratégicos del territorio dominicano. La respuesta inicial a la anexión fue la fracasada rebelión de los campesinos de Moca el 2 de mayo de 1861 y la expedición de Francisco del Rosario Sánchez encabezando el movimiento de la Regeneración el cual abortó en junio de 1861 con la lamentable muerte del patricio en El Cercado, San Juan de la Maguana, el 4 de julio del mismo año. La anexión se ejecutó sin que España cumpliera con los acuerdos que le dieron origen a aquel bochornoso acontecimiento contra la nación dominicana; por ejemplo, los cargos públicos y los rangos militares beneficiaron fundamentalmente a los españoles y no a los dominicanos como se había prometido. El General Pedro Santana fue relegado a un segundo plano llevándolo a presentar renuncia como Capitán General en 1862, se estableció la censura de prensa y de imprenta, los militares dominicanos fueron excluidos de los ascensos y rangos militares, integrados a las reservas y se les negaba ostentar el uniforme de los militares españoles. El gobierno anexionista incumplió además con la promesa de la amortización de la moneda dominicana, se aumentaron los impuestos de exportación a los productos dominicanos y se afectó considerablemente el comercio exterior, especialmente la exportación de tabaco dominicano en beneficio del que se producía en Cuba. Este era, en forma general, el cuadro económico y político que vivía Santo Domingo en los primeros años de la anexión, causas de lo que el 16 de agosto de 1863 provocó el levantamiento popular más importante de los dominicanos durante el siglo XIX. Pero ese levantamiento restaurador que se inició por Capotillo, se consolidó en la región del Cibao y terminó con arropar, durante dos largos años de lucha armada, todo el territorio dominicano no hubiera sido posible sin la respuesta unificada del pueblo a las agresiones contra las costumbres y la identidad de los dominicanos. La anexión de la República Dominicana a España, fue un hecho negativo, una agresión que no sólo limitó la soberanía política, jurídica y económica de los dominicanos, sino que también se constituyó en una etapa de violencia contra la población y una embestida contra nuestra cultura e identidad como pueblo. Con la pérdida de la soberanía, el país fue obligado a cruzar por un corto pero oscuro túnel donde la prensa, imprenta, sociedades culturales y literarias, logias masónicas y las costumbres que nos perfilaban como pueblo, se encontraron seriamente amenazadas. El General Pedro Santana y el sector de nuestra sociedad que le seguía, responsables directos de aquel ignominioso hecho, pensó y creyó que la República proclamada en febrero de 1844, seguía siendo por extensión histórica un pedazo de España; que seguíamos siendo en esencia españoles por sentimiento, por idioma y por la religión, o como erradamente planteó el general Pedro Santana en la justificación de la anexión “un pueblo leal como colonia, que leal ha sido, es y siempre sería como aliado a su antigua metrópoli; siempre fiel, siempre agradecido”. Pedro Santana entendió muy pronto que esa identidad con los valores españoles era muy relativa y que estaba en un error, pues las diferencias culturales, morales y políticas eran más profundas que las que él y su grupo había percibido cuando se entusiasmó con el proyecto anexionista, y se dio cuenta de esa realidad al ser él relegado a posiciones inferiores y sus seguidores discriminados por su condición de mestizos. El reconocimiento de esa condición lo aporta el propio General Santana, cuando en octubre de 1863 le señaló al Ministro de Ultramar de España, que si bien el pueblo dominicano “hacía abnegación de su independencia, era porque tenia la seguridad de que se echaba en brazos de una nación generosa, que compadecía sus miserias, que conservaría incólumes sus derechos y toleraría sus sanas costumbres.” En ese señalamiento el General Santana dejó claramente establecido su conocimiento de la agresión cultural, jurídica y política que estaba sufriendo el pueblo dominicano, aunque ese reconocimiento no lo situó a él y su grupo al lado de la soberanía del pueblo dominicano, mas bien, en medio de su desilusión permaneció colaborando con aquella potencia colonialista que todavía él aceptaba como “la Madre Patria”. Esa Madre Patria, que él entendía enraizada en la identidad de los dominicanos, provocó concientemente modificaciones en las instituciones y las tradiciones del pueblo dominicano; esas alteraciones fueron tan agresivas, que obligó a la unidad del pueblo para poder resistir e impedir los planes del gobierno anexionista, desarrollados entre 1861 y 1865. Examinemos brevemente algunas de las agresiones del gobierno español anexionista contra los dominicanos: La Libertad de Prensa y de Imprenta La libertad de prensa contemplada desde 1844 en la Constitución de la República, fue censurada al igual que la libertad de imprenta un mes después de producirse la anexión a España. En un decreto del 12 de septiembre de 1861, el Gobernador General de Santo Domingo anunció los niveles alcanzados por la abusiva prohibición, con las siguientes palabras: “Por oficio de fecha 23 de agosto último, el Excmo. Sr. Capitán General y Gobernador Supremo Civil de la isla de Cuba se sirvió indicar al que es de ésta, la necesidad y conveniencia de que se estableciese en Santo Domingo la censura de imprenta en la misma conformidad que lo previenen las leyes, reglamentos y demás reales disposiciones para todas las provincias ultramarinas españolas (…) nombrando al mismo tiempo (…) al Fiscal de Guerra Don Miguel Tavira censor de imprenta en esta capital, interinamente y a reserva de superior resolución”. Esa censura afectaba las publicaciones de libros y periódicos, a la vez que establecía impuestos, a través de la ley de patentes, que abarcaban las referidas publicaciones. En aquella ocasión los hermanos José Gabriel y Manuel de Jesús García fueron obligados a pedir permiso para publicar un libro sobre los puertos dominicanos. Fue necesario entonces, que los que estaban en contra de la anexión imprimieran sus proclamas políticas fuera del país, o en forma clandestina, ya que desde mayo de 1861 el General Pedro Santana había decretado, como medida previa a la venta de la Patria a España, que todo el que propalara noticias falsas que tendieran a alarmar el espíritu publico, sería juzgado conforme a la ley de conspiración, como reo de propaganda a favor del enemigo. Persecución a Sacerdotes Católicos La persecución a la Iglesia Católica dominicana se inició con la deportación del Padre Fernando Arturo de Meriño, quien aún siendo el Jefe Provisional de la Iglesia, fue acusado por Pedro Santana de no permitir que en las misas se rezase por la conservación y vida de los Reyes Católicos. Este hecho, que se produjo el 12 de abril de 1862, posibilitó la llegada al país del Arzobispo Monzón (junto a un nutrido grupo de sacerdotes españoles), quien desató de inmediato la persecución contra todo lo que a él le pareciera disidencia en la Iglesia Católica de Santo Domingo. El Arzobispo Monzón fue además uno de los funcionarios del gobierno anexionista que más se destacó en la persecución de las costumbres y tradiciones del pueblo dominicano. Desde la posición que le permitía su alta investidura, el Arzobispo se dedicó a perseguir a las religiones, que sin ser católicas, habían celebrado sus cultos en un ambiente de libertad religiosa. El 24 de septiembre de 1862, el Arzobispo denunció ante el Gobernador Ribero, el culto extraño “que hoy se está practicando en capillas públicas y con la mayor publicidad por un crecido número de sectarios extranjeros en dos puntos de esta isla a saber en Samaná y en Puerto Plata. Y esto se hace (…) con dolor y escándalo de los buenos españoles que aquí mismo nos rigen y gobiernan, contradiciendo abiertamente nuestras glorias históricas, nuestras venerables tradiciones, nuestros hábitos, nuestras costumbres y nuestros sentimientos”. La denuncia del Arzobispo debió en aquella oportunidad ser motivo de preocupación, ya que quienes estaban contradiciendo y violentando las tradiciones, hábitos y costumbres de los dominicanos eran las autoridades españolas y no los habitantes de los pueblos señalados. El ataque del Arzobispo al libre culto, llevó a la prohibición oficial de las religiones no católicas: todo aquel que celebrara actos públicos de un culto que no fuera de la religión católica, apostólica y romana, sería desde entonces castigado con la pena de extrañamiento corporal y el que inculcara públicamente la inobservancia de los preceptos religiosos sería castigado con la prisión correccional. El Matrimonio Civil y el Arzobispo Monzón El Código francés vigente al momento de la anexión de Santo Domingo, estipulaba que el matrimonio civil debía preceder al religioso y que el segundo no tenía ninguna validez jurídica, pero el gobierno anexionista español reconoció sólo como válido el matrimonio religiosos católico, por esta razón el 4 de mayo de 1862 se suprimió el matrimonio civil y el Arzobispo Monzón visitó los pueblos del Este predicando y obligando a las parejas amancebadas o casadas por lo civil, a contraer el matrimonio católico. Persecución Contra Logias Masónicas La persecución contra el movimiento masónico de la República se inició desde el mismo día que las tropas españolas desembarcaron en Santo Domingo en 1861: el 13 de septiembre ya las tropas que llegaban desde Cuba y Puerto Rico, ocuparon el Templo de la Cuna de América numero 2, para establecer en su local un cuartel militar. El 28 de enero de 1862 la Logia numero 7 fue obligada a suspender sus trabajos, debido a las presiones permanentes que recibían de las autoridades y el 6 de agosto del mismo año, la Gran Logia Nacional, fundada en 1858, comunicó a todas las logias dominicanas que debían entrar en receso de todos su trabajos; para las logias volver a laborar sin problemas, fue necesario esperar el triunfo de la Guerra Restauradora. Los masones abrieron nueva vez sus puertas el 20 de mayo de 1865. Agresión contra Costumbres Dominicanas Como parte de la cadena de agresiones contra la identidad del pueblo dominicano, las autoridades españolas emitieron, el 13 de octubre de 1862, un bando de policía que entró en vigencia el 1º. de enero de 1863, prohibiendo costumbres practicadas desde la época colonial, como eran las de colocar las ropas a secar en los balcones, ventanas y rejas, las peleas de gallos (el deporte nacional de la época), y los juegos de azar. A partir del 12 de febrero de 1863 se obligó a los habitantes de la ciudad de Santo Domingo a cambiar la forma de colocar en los edificios las puertas y ventanas, de modo que en vez de abrir hacia fuera lo hicieran hacia adentro. En el período anterior a la anexión a España, en los barrios de la ciudad de Santo Domingo se bailaban danzas exóticas que fueron consideradas por las autoridades anexionistas como indeseables, ya que las consideraban desordenadas y escandalosas. Por esta razón se prohibieron el 15 de octubre de 1862, las danzas conocidas como danesa, el tango y el vodú las que sólo podrían bailarse con el permiso de las autoridades. Las sanciones más fuertes fueron aplicadas a los bailes tocados con tambores de cualquier tipo, debido a sus orígenes africanos. En el mismo año se prohibió bailar el llamado baile bambulá sin una licencia obtenida de las autoridades y se prohibió además, el baile llamado “jodú”. En cuanto a la discriminación por el color de la piel de los dominicanos, siendo este un pueblo eminentemente mestizo, era frecuente que los soldados y funcionarios españoles recordaran a los dominicanos que por esa sola circunstancia ellos serían esclavos en Puerto Rico y en Cuba, colonias de España donde existía la esclavitud. Si a los problemas económicos, políticos, sociales y jurídicos agregamos el constante conflicto entre españoles y dominicanos por motivos culturales, entonces entenderíamos las razones de la integración masiva a la guerra restauradora, de un pueblo que estaba decidido a tomar el control de su propia existencia. Esa guerra que se prolongó por dos largos años, estaba matizada de una violencia inusual que negaba la presumida hispanidad de los dominicanos. La República Dominicana llegó a tener estacionado en todo su territorio más de 25 mil soldados españoles, de los cuales murieron en combates y por enfermedades, unos ocho mil y otros dos mil resultaron heridos o inutilizados en combates. Entre los dominicanos el número de muertos debió haber sido mayor, aunque se tiene calculado en unos 12 mil las bajas en el ejército restaurador, ya que como ejército irregular no había forma de llevar los cálculos de los muerto y heridos; pero el número de bajas en ambos bandos dan una idea perfecta del nivel de violencia desarrollada en el conflicto. La unificación y la determinación del pueblo dominicano por ser libre y soberano ante una potencia que por siglo se consideró la “Madre Patria”, prueban sin lugar a dudas, la existencia de un conglomerado que se había constituido en más de 350 años de historia, y que con orgullo resurgió de la restauración consciente de su condición de dominicano. Reafirmación de la Identidad DominicanaDebo terminar esta relación de agresiones al pueblo dominicano, señalando como conclusión lo siguiente: el movimiento restaurador iniciado en Capotillo, el 16 de agosto de 1863 y que terminó con la salida de las derrotadas tropas españolas el 26 de julio de 1865, estaba encaminado no sólo al rescate de la soberanía perdida en 1861, sino que la Guerra de la Restauración fue un acontecimiento de reafirmación de la identidad del pueblo dominicano; un pueblo que se sintió agredido por la dominación militar, jurídica, política y cultural por una nación a la que nos unían sólidos lazos históricos. Dos años de enfrentamientos nos enseñaron que sí bien reconocimos los vínculos históricos con España y otras naciones, de ninguna manera éramos españoles pues en un proceso de tres siglos nos habíamos constituidos en una comunidad con identidad propia. La Restauración dirigida por Pedro Antonio Pimentel, José María Cabral, Gaspar Polanco, Pepillo Salcedo y Gregorio Luperón, ratificó esa identidad en los campos de batallas: ya no éramos indios, ni españoles, ni africanos, franceses, haitianos o americanos. La anexión fue el detonante de la restauración de la República perdida y de paso nos obligó a comprender aquella bella realidad: éramos dominicanos.