La demanda de la Fiscalía General radicada contra el Consorcio Empresarial Emproy-Divisa, dueño del proyecto Pueblo Bávaro, plantea que a los afectados en el estado nunca se les entregó una vivienda o un título a pesar de haber invertido en propiedades
Nueva York — Fernando Betances, de 57 años, invirtió los ahorros de su vida para lograr el sueño de tener una vivienda en su país, República Dominicana, para ocuparla cuando se jubilara, "pero todo resultó ser un engaño" de una empresa que ha sido vinculada a un alto funcionario de la nación quisqueyana.
Betances, quien trabaja como chofer privado, vio una promoción del Consorcio Empresarial Emproy-Divisa, que describía el proyecto de vivienda Pueblo Bávaro, en la provincia de Higüey, como "un hermoso destino en el Caribe y una oportunidad de inversión segura", tomó sus ahorros: $22,500 y fue a Rivas Travel, en el Alto Manhattan, y dio el avance para un apartamento, con la promesa de que se lo entregarían en un año.
"Eso fue en 2007 y ya está saliendo el 2013, y ni me han entregado el apartamento, ni me han devuelto la inversión, pese a que he viajado en diez ocasiones y he pagado abogados para reclamar", relató Betances. "El sueño de tener una vivienda en mi país se me convirtió en una pesadilla", señaló.
El dominicano es una de las 38 personas incluidas en la demanda que la Fiscalía General de Nueva York radicó ayer contra el consorcio, dueño del proyecto, y a sus representantes de NY, bajo la alegación de que incurrieron en una "práctica engañosa y publicidad engañosa" en violación de varias leyes del estado.
Los demandados son Danilo Díaz, presidente de Emproy-Divisa, Julio Balbuena, gerente de ventas de la compañía Rivas Travel and Multiservice, una corporación con sede en Nueva York, y David Rivas, el dueño de Rivas Travel.
Rivas reaccionó ayer sorprendido de que lo incluyeran en el recurso. "Nosotros le explicamos a la fiscalía que nosotros no teníamos una participación directa con el negocio inmobiliario de Emproy-Divisa, que nosotros sólo le vendíamos los pasajes y los paquetes vacacionales a las personas que viajaban al país a ver el proyecto", sostuvo el comerciante. "Nosotros tenemos 30 años promoviendo el turismo dominicano y siempre hemos actuado con apego a la ley y a los mejores intereses de nuestra comunidad", señaló.
Rivas dijo que Díaz "es ministro de Asuntos Intergubernamentales del gobierno dominicano" y aseguró que cuando él se dio cuenta que la compañía no le estaba cumpliendo a los compradores, "yo mismo organicé a la gente agraviada para que fuera a la fiscalía a poner la queja, porque mi interés era que el problema se resolviera".
La demanda, presentada en la Corte Suprema de Manhattan, alega que al menos desde 2005 hasta 2008, Díaz, Balbuena y Rivas promovieron a "Pueblo Bávaro" a través de la difusión de literatura, folletos y DVDs en varios eventos promocionales en lugares de la comunidad de Washington Heights.
Los señalados operaron desde Rivas Travel, ubicado en el 4321 de Broadway, en Manhattan, y desde la Oficina de Promoción de Pueblo Bávaro, ubicada en el 220 de la avenida Wadsworth.
"Como resultado de deliberadas y flagrantes prácticas engañosas, decenas de familias de Nueva York han perdido miles de dólares y sus esperanzas de adquirir una residencia segura y protegida en la República Dominicana", dijo el fiscal general Eric Schneiderman. "Esta demanda inicia el proceso para ayudar a estas familias a obtener la restitución que se merecen", señaló.
La demanda alega que los consumidores que visitaron Rivas Travel firmaron acuerdos de compra. Los pagos de los consumidores fueron aceptados ya sea en Rivas Travel, la Oficina de Promoción de Pueblo Bávaro o en las oficinas de Emproy-Divisa en la República Dominicana.
Las unidades residenciales típicamente variaron en precio desde $40,000 a $90,000. Sin embargo, a los consumidores que pagaron se les proporcionó una residencia sin título, o nunca se le entregó una vivienda o un título.
Varios compradores han encontrado ocupantes ilegales en sus propiedades, mientras que otros se quejaron de que los muebles y electrodomésticos habían sido robados. Emproy-Divisa ha ignorado múltiples intentos de los consumidores de obtener el título o un reembolso, según la fiscalía.
La consejera escolar Guadalupe Jerez, quien gastó $55,000 por un apartamento que compró en 2004, dijo que la empresa le entregó la llave, pero no el título de propiedad. "Ellos dijeron que si no pagaban el apartamento completo no entregaban el título, así que yo tomé un préstamo, lo pagué y todavía no me han dado el título", explicó Jerez.
Betances, quien trabaja como chofer privado, vio una promoción del Consorcio Empresarial Emproy-Divisa, que describía el proyecto de vivienda Pueblo Bávaro, en la provincia de Higüey, como "un hermoso destino en el Caribe y una oportunidad de inversión segura", tomó sus ahorros: $22,500 y fue a Rivas Travel, en el Alto Manhattan, y dio el avance para un apartamento, con la promesa de que se lo entregarían en un año.
"Eso fue en 2007 y ya está saliendo el 2013, y ni me han entregado el apartamento, ni me han devuelto la inversión, pese a que he viajado en diez ocasiones y he pagado abogados para reclamar", relató Betances. "El sueño de tener una vivienda en mi país se me convirtió en una pesadilla", señaló.
El dominicano es una de las 38 personas incluidas en la demanda que la Fiscalía General de Nueva York radicó ayer contra el consorcio, dueño del proyecto, y a sus representantes de NY, bajo la alegación de que incurrieron en una "práctica engañosa y publicidad engañosa" en violación de varias leyes del estado.
Los demandados son Danilo Díaz, presidente de Emproy-Divisa, Julio Balbuena, gerente de ventas de la compañía Rivas Travel and Multiservice, una corporación con sede en Nueva York, y David Rivas, el dueño de Rivas Travel.
Rivas reaccionó ayer sorprendido de que lo incluyeran en el recurso. "Nosotros le explicamos a la fiscalía que nosotros no teníamos una participación directa con el negocio inmobiliario de Emproy-Divisa, que nosotros sólo le vendíamos los pasajes y los paquetes vacacionales a las personas que viajaban al país a ver el proyecto", sostuvo el comerciante. "Nosotros tenemos 30 años promoviendo el turismo dominicano y siempre hemos actuado con apego a la ley y a los mejores intereses de nuestra comunidad", señaló.
Rivas dijo que Díaz "es ministro de Asuntos Intergubernamentales del gobierno dominicano" y aseguró que cuando él se dio cuenta que la compañía no le estaba cumpliendo a los compradores, "yo mismo organicé a la gente agraviada para que fuera a la fiscalía a poner la queja, porque mi interés era que el problema se resolviera".
La demanda, presentada en la Corte Suprema de Manhattan, alega que al menos desde 2005 hasta 2008, Díaz, Balbuena y Rivas promovieron a "Pueblo Bávaro" a través de la difusión de literatura, folletos y DVDs en varios eventos promocionales en lugares de la comunidad de Washington Heights.
Los señalados operaron desde Rivas Travel, ubicado en el 4321 de Broadway, en Manhattan, y desde la Oficina de Promoción de Pueblo Bávaro, ubicada en el 220 de la avenida Wadsworth.
"Como resultado de deliberadas y flagrantes prácticas engañosas, decenas de familias de Nueva York han perdido miles de dólares y sus esperanzas de adquirir una residencia segura y protegida en la República Dominicana", dijo el fiscal general Eric Schneiderman. "Esta demanda inicia el proceso para ayudar a estas familias a obtener la restitución que se merecen", señaló.
La demanda alega que los consumidores que visitaron Rivas Travel firmaron acuerdos de compra. Los pagos de los consumidores fueron aceptados ya sea en Rivas Travel, la Oficina de Promoción de Pueblo Bávaro o en las oficinas de Emproy-Divisa en la República Dominicana.
Las unidades residenciales típicamente variaron en precio desde $40,000 a $90,000. Sin embargo, a los consumidores que pagaron se les proporcionó una residencia sin título, o nunca se le entregó una vivienda o un título.
Varios compradores han encontrado ocupantes ilegales en sus propiedades, mientras que otros se quejaron de que los muebles y electrodomésticos habían sido robados. Emproy-Divisa ha ignorado múltiples intentos de los consumidores de obtener el título o un reembolso, según la fiscalía.
La consejera escolar Guadalupe Jerez, quien gastó $55,000 por un apartamento que compró en 2004, dijo que la empresa le entregó la llave, pero no el título de propiedad. "Ellos dijeron que si no pagaban el apartamento completo no entregaban el título, así que yo tomé un préstamo, lo pagué y todavía no me han dado el título", explicó Jerez.
Escándalo salpica a funcionario dominicano
Danilo Díaz —junto a Joaquín Gerónimo— es dirigente del Comité Central oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y ambos son funcionarios del gobierno de Danilo Medina, que también confrontan problemas judiciales en el país como ejecutivos del Consorcio Emproy-Divisa.
Díaz ocupa el cargo de “asistente especial” del presidente Medina y delegado del PLD ante la Junta Central Electoral (JCE). Gerónimo se desempeña como Superintendente de Pensiones. El 28 de noviembre de 2011 la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional condenó a ambos a devolver $42,000 a Loyda Raquel Reyes y Belkis Altagracia Santana Vásquez.
En julio de 2012 la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia falló a favor de Madelyn Cordero, Jonás Cordero, Jairo Cordero y Cynthia Cordero, quienes demandaron al Consorcio Empresarial Emproy-Divisa ante una cámara civil que condenó a la empresa al pago de $22,485 a favor de los demandantes.
También el Instituto de Protección al Consumidor (ProConsumidor) ha conocido el caso contra Emproy-Divisa. En octubre de 2010, la directora de ese organismo, Altagracia Paulino, firmó una resolución en la que empresa había violado varias leyes en perjuicio del señor Juan Antonio Reyes Mejía, quien habría comprado una villa en construcción en Bávaro valorada en $133,000.
(Panky Corcino/Corresponsal EDLP)
Díaz ocupa el cargo de “asistente especial” del presidente Medina y delegado del PLD ante la Junta Central Electoral (JCE). Gerónimo se desempeña como Superintendente de Pensiones. El 28 de noviembre de 2011 la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional condenó a ambos a devolver $42,000 a Loyda Raquel Reyes y Belkis Altagracia Santana Vásquez.
En julio de 2012 la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia falló a favor de Madelyn Cordero, Jonás Cordero, Jairo Cordero y Cynthia Cordero, quienes demandaron al Consorcio Empresarial Emproy-Divisa ante una cámara civil que condenó a la empresa al pago de $22,485 a favor de los demandantes.
También el Instituto de Protección al Consumidor (ProConsumidor) ha conocido el caso contra Emproy-Divisa. En octubre de 2010, la directora de ese organismo, Altagracia Paulino, firmó una resolución en la que empresa había violado varias leyes en perjuicio del señor Juan Antonio Reyes Mejía, quien habría comprado una villa en construcción en Bávaro valorada en $133,000.
(Panky Corcino/Corresponsal EDLP)
Más víctimas
Si usted ha sido víctima de una estafa inmobiliaria, la Fiscalía General de Nueva York recomienda que se comunique con ellos y ponga la denuncia.
El teléfono del Bureau of Consumer Frauds and Protection: 1 (800) 771-7755
El teléfono del Bureau of Consumer Frauds and Protection: 1 (800) 771-7755
Una versión de este artículo se publicó en la edición impresa de El Diario del día 11/22/2013 con el título "Sueño de la casa propia destruido" Fuente:eldiariony.com
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