Llevarlos a su propia legalidad

Escrito por: HAM LET HERMANN       

 Fuente: Facebook  José Miguel Núñez 

Sabremos los dominicanos en qué tipo de sociedad vivimos? ¿Tenemos idea clara de hacia dónde vamos? Nuestra vida republicana ha sido una en la que ha predominado la violencia mantenida por elementos nacidos en este país, aunque auspiciada desde el exterior. ¡Que nadie se llame a engaños! Por este tipo de comportamiento social entre el huevo y la piedra, muchos han llegado a creer que tenemos garantizado un futuro rectilíneo e inmutable, basado, como hasta ahora, en la ilegalidad de los llamados a imponer el cumplimiento de la ley. Pero se equivocan los que así piensan. Tanto va el cántaro al río hasta que se rompe. La arrogancia desestima que el equilibrio social puede saltar en pedazos cuando la politiquería es incapaz de manejar las situaciones de crisis.

Muy pocas veces en nuestra historia (para no decir nunca) los dominicanos hemos estado tan lejos los unos de los otros. La frustración generalizada creada por algunos cabecillas entre los herederos de Juan Bosch, ha logrado que el mal haya sido tomado como sustituto del bien. Nadie en ese grupo tiene el valor para admitir públicamente que ha metido la pata en alguna situación. Menos aún de decir: “Nos equivocamos y vamos a corregir lo mal hecho”. Siempre buscan (y encuentran) a quién culpar, fuera de su grupo.

El sectarismo se ha hecho universal en República Dominicana y toda opinión cae dentro de un dogmatismo irracional. Quizás es producto de la sedimentación del Trujillismo y el Balaguerismo dentro de personajes provenientes de sectores sociales muy pobres, luego enriquecidos a la velocidad de la luz. Esos valores impiden crear fertilidad para las ideas, las acciones éticas y morales. La impunidad para los detentadores del poder político ha convertido el suelo social en un árido desierto. El gran ladrón es el gran señor.

Cuando los gobernantes se aterrorizan, empiezan a hablar de los peligros de una crisis de gobernabilidad creada por ellos mismos. Se comportan como los banqueros generadores de enormes crisis que azotan naciones quienes luego exigen que el dinero para la rehabilitación les sea entregado. Esos políticos son quienes diseñan y ponen en práctica las trampas para perjudicar a la ciudadanía. Y cuando el pueblo reacciona, se moviliza y reclama, inventan peligros para desacreditar a los movimientos populares.

Cuando los políticos gobernantes incurran en violaciones a las leyes, la respuesta no debe ser una huelga improvisada sin sustentación popular. El deber de los afectados es llevar a las autoridades ante los tribunales. ¿Qué los tribunales están ocupados por políticos designados perversamente por Leonel Fernández? No importa. Los intentos de perpetuar la impunidad de los tribunales de la República con sentencias amañadas servirán para denunciar y desacreditar en breve plazo a los jueces corruptos. Es una situación de “ganar, ganar” en la que la verdad tendría buen terreno para germinar. A este país le hace mucha falta un proceso que nos lleve hasta la paz social mientras recobramos la lucidez. Necesitamos una tregua pacífica acordaba de conjunto entre la sociedad civil, los trabajadores y los gobernantes, dejando fuera a los partidos políticos.

Admito que no es fácil desmontar una práctica que lleva siglos reinando. Esa violencia, encubierta o descarada, ha generado mucha desconfianza y hasta odios. Ha abierto muchas heridas y enormes ganas de cobrar viejas cuentas a Trujillistas y Balagueristas enquistados en la cima del poder político. Pero mientras más se alarga esa guerra entre la justicia y el abuso, entre la honestidad y la corrupción, más difícil resulta generar los antídotos que se necesitan para erradicar los odios que se han creado.

Intentemos, aunque sea por única vez, una tregua pacífica en este semestre, donde el propósito fundamental de los gobernados sea que prime el imperio de la ley. Reclamar a los gobernantes absoluta legalidad desde la imposición semanal de los amañados precios de los combustibles hasta los “No ha lugar” que tratan de posponer la condena de los políticos corruptos. Llevemos esos casos una y otra vez a los tribunales. Sin cansarnos. Llevando como estandarte aquella frase de Juan Bosch de llevar al gobierno a su propia legalidad. Debemos plantearlo como una cuestión de igualdad de derechos junto a la igualdad de deberes.